AGENDA 21

Sandra Virginia Herrera Castillo

El concepto de Programa 21 se gestó en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro (Brasil) el año 1992,  también conocida como Cumbre de la Tierra. Se trataba de apoyar iniciativas que construyeran un modelo de desarrollo sostenible para el siglo XXI, de ahí su nombre.

La Agenda 21 fue suscrita por 172 países miembro de Naciones Unidas. Estos países se comprometen a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales en el ámbito local encaminadas a lograr un desarrollo sostenible. Cada región o cada localidad, por su parte, desarrolla su propia Agenda Local 21, en la que deberían participar tanto ciudadanos, como empresas y organizaciones sociales, con el objetivo de generar y consensuar un programa de políticas sostenibles.

Se podría definir la Agenda 21 como una estrategia global que se lleva a la práctica de manera local y que implica a todos los sectores de una comunidad: sociales, culturales, económicos y ambientales. Es, en definitiva, un compromiso hacia la mejora del medio ambiente y, por ende, de la calidad de vida de los habitantes de una comunidad, municipio o región. (Sanz, 2010)

Los países miembros del Parlamento Latinoamericano, han ratificado los acuerdos y organizado sus propios programas a nivel nacional y local, siguiendo las guías que para tal fin han desarrollado diversas entidades asociadas a las Naciones Unidas. Un ausente notable es Estados Unidos, país que asistió a la Cumbre de Río pero que se abstuvo de firmar la declaración y el programa.

El proceso de “globalización de la economía” y el deterioro socio-ambiental que lo acompaña, han avanzado en lo que va de estas décadas, más rápidamente que el proceso de comprensión del alcance y significado así como en la aplicación del concepto de “desarrollo sustentable”, el cual parece hoy, 20 años después, un tema de interés académico y político, pero cuya conversión en práctica social y económica sigue tan lejana como cuando fuera planteado. (Szeplaki Eduardo, 2012)

Es urgente establecer una alianza global para el desarrollo sustentable, y ello requiere, además de la voluntad política y del apoyo financiero correspondiente, de una distribución equitativa de los adelantos científicos y tecnológicos y de una transformación del sistema educativo a todos los niveles. En particular, los países de la región aún acusan un acceso limitado al conocimiento. Es imprescindible iniciar un debate político global para resolver la paradoja de que estos derechos intelectuales incentivan la innovación pero restringen el uso y la difusión de sus beneficios. Tal como ocurre en el ámbito de la salud y el acceso a los medicamentos, se debe fortalecer la capacidad de negociar la flexibilización de los regímenes de propiedad intelectual para asegurar la transferencia de tecnologías limpias o apropiadas al desarrollo sustentable.